3 may 2012

Desbaratan informe Chavín de Huántar
 
 
Antropólogo forense José Baraybar aclara a procurador que nuevas pericias que negarían ejecuciones extrajudiciales en caso “Chavín de Huántar” son meras opiniones especulativas.

Operación Chavín de Huántar. Aún no se ha esclarecido denuncias de ejecuciones extrajudiciales.

El director del Equipo Peruano de Antropología Forense (Epaf), José Pablo Baraybar, manifestó que las nuevas pericias presentadas ayer por el ministro de Defensa, Alberto Otárola y el procurador de esa cartera, Gustavo Adrianzén, para demostrar que el terrorista Eduardo Cruz Tito no fue ejecutado extrajudicialmente tras la operación Chavín de Huántar, en 1997, “no tienen validez debido que son simplemente una opinión y son completamente especulativas”.

Las pericias, realizadas en estas últimas semanas a solicitud del Ministerio de Defensa, sobre la base de una revisión de las pericias de 1997 y 2001, señalan que el disparo que fulminó a Tito fue realizado a diez metros y que el proyectil ingresó por su cuello, por debajo de su oreja izquierda y que salió casi a la misma altura de la otra oreja.

De esa manera, el procurador Adrianzén indicó que “de acuerdo a los resultados plasmados en el Dictamen Pericial de Restos de Disparo por Arma de Fuego, no se encontraron restos de plomo, antimonio y bario del disparo, es decir de un chamuscamiento, por lo que está probado que el disparo por arma de fuego no fue ejecutado a corta distancia”.

Al respecto, Baraybar aseguró que con un estudio forense “no se puede determinar la distancia desde donde pudo haberse ejecutado el disparo contra Tito”, por lo que solo se limitó a señalar en su trabajo de 2001 que el terrorista murió producto de una bala que le atravesó el cráneo, sin haber recibido otro impacto.

Los demás emerretistas abatidos habían recibido numerosos impactos y ocho de ellos tenían además tiros en la cabeza.

Otro de los argumentos de Adrianzén fue de que, según las fotografías tomadas después de la operación de rescate, Tito tenía en la mano una granada de guerra en el momento de su muerte, lo que demostraría que no se había rendido.

“Tito participó en el combate y se descarta que pudo haberse rendido”, acotó Adrianzén, asegurando así que los 14 emerretistas que tomaron la residencia japonesa en diciembre de 1996 murieron en combate con los comandos Chavín de Huántar.

Sobre ese punto, Baraybar consideró que el procurador está completamente desinformado porque por primera vez en más de diez años recién se conoce la historia de la granada de guerra.

Así, Baraybar sentenció que lo presentado por la procuraduría del Ministerio de Defensa “es una opinión pericial” porque está basado en la interpretación muy personal de dos anteriores pericias científicas e independientes.

“Es un informe a pedido y que se hace incluso diez años después. No son pericias porque no se han vuelto a examinar los cuerpos. Es una estupidez”, dijo Baraybar en respuesta también al procurador Adrianzén quien lo criticó por presentar el 2001 sobre el caso Chavín de Huántar “un informe sin rigor científico”.

El director del Epaf remarcó que su informe de 2001 acreditó que ocho de los emerretistas abatidos tenían tiros en la nuca y entre ellos solo Tito tenía únicamente un disparo efectuado desde atrás.

HABLA APRODEH

La abogada Gloria Cano, de Aprodeh, dijo a LA PRIMERA que, al presentar esas nuevas pericias, el Estado se adhiere a la defensa de los procesados por este caso Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza y Roberto Huamán Azcurra.

“Y eso porque es un absurdo descalificar a los Policías testigos de este caso que retuvieron a Tito, lo desarmaron y lo entregaron a sus superiores, entonces ¿cómo Tito podría haber muerto con una granada en la mano?”, manifestó.

El procurador negó validez a los testimonios de los Policías y del diplomático japonés que dice haber visto vivo y rendido a Tito.

Adrianzén refirió que las nuevas pericias han sido presentadas el 23 de abril a la Tercera Sala Penal Liquidadora que ve el caso Chavín de Huántar y deben ser aceptadas porque “se trata de buscar la verdad”. Sin embargo, Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), consideró que si la sala acepta esos informes habría una ruptura de la legalidad, porque son pruebas “presentadas a destiempo”, criterio compartido por Cano.

Henry Campos
Redacción

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